La llegada de un correo de difusión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el mantenimiento del arbolado encendió una señal de alarma entre vecinos de Palermo, que interpretaron el envío como el adelanto de una intensificación de podas en el barrio. El mensaje circuló junto a advertencias de la agrupación Basta de Mutilar Nuestros Árboles, que reporta un aumento visible de intervenciones sobre ejemplares de la vía pública y convoca a los vecinos a prestar atención ante los operativos.
La consigna vecinal es precisa: ante una poda en curso, un cartel de aviso de extracción o trabajadores a punto de intervenir un ejemplar, el vecino podría exigir la exhibición del acta correspondiente. Ese documento, sostienen, debe especificar qué ejemplar se interviene y por qué motivo. Sin documentación, la recomendación es recurrir a la comisaría, y presentar además una queja formal en la Comuna correspondiente.
La Ley 3263, régimen legal del arbolado público urbano porteño, exige una evaluación técnica previa a cada intervención y ordena que el personal a cargo esté habilitado mediante capacitaciones específicas. La norma prohíbe podar, extraer o talar fuera de los trabajos autorizados por la Autoridad de Aplicación y limita la poda a supuestos concretos: riesgo para personas o bienes, servicios públicos o conservación del ejemplar.
La crítica de fondo apunta a una práctica discutida de la gestión porteña: la poda por corredor o por calendario, en lugar de la intervención según la necesidad de cada árbol. Basta de Mutilar sostiene desde hace más de una década que ese esquema responde más a la lógica de los contratos de mantenimiento que a un criterio sanitario, y advierte que los cortes excesivos de copa dejan ejemplares débiles, desbalanceados y con mayor riesgo de caída frente a lluvias fuertes.
La discusión no es nueva. Una causa judicial de hace varios años derivó en una medida cautelar de la Corte Suprema que prohibió la poda indiscriminada en la Ciudad, y en un fallo que ordenó implementar un sistema informático público para rastrear cada ejemplar y verificar el cumplimiento de los artículos 10, 11 y 12 de la ley. Para los ambientalistas, ese sistema aún no funciona como debiera y la trazabilidad sigue opaca.
El propio GCBA reconoce en su portal que no corresponde podar o retirar un árbol en buen estado por suciedad de la vereda, alergias o sombreado, y que las ramas deben cortarse solo cuando obstruyen luminarias, invaden la propiedad privada o presentan riesgo (https://buenosaires.gob.ar/tramites/denuncia-de-danos-en-la-publica-causados-por-arboles). Sin embargo, denuncias por envenenamientos de plátanos y extracciones cuestionadas en distintos barrios sugieren que la frontera entre el mantenimiento legítimo y la remoción innecesaria sigue difusa.
Hay además una tensión de comunicación. Mientras el Ejecutivo promociona sus campañas de arbolado por correo masivo, los vecinos denuncian que los avisos previos en la vía pública llegan tarde o no llegan, y que los operarios de las contratistas trabajan en muchos casos sin personal técnico de la Dirección de Arbolado presente, condición que la agrupación considera imprescindible para la validez de cualquier poda.
Desde Basta de Mutilar presentan el protocolo vecinal como un piso mínimo. La organización asegura que redobla estrategias por otros carriles, mientras la Ciudad insiste en que sus tareas responden a evaluaciones técnicas. La disputa de fondo es sobre quién controla el criterio con el que se decide el destino de cada árbol del barrio.
Fuente: Organizaciones vecinales Palermo resiste y Basta de mutilar, relevamiento informativo y normativas vigentes
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