El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con una medida que simplifica el acceso al viaje gratuito en el subte para jubilados, pensionados y retirados de las fuerzas armadas. La nueva normativa, ya promulgada, busca agilizar el trámite y eliminar barreras burocráticas que antes complicaban el beneficio. Ahora, los beneficiarios podrán ingresar al sistema simplemente apoyando su DNI en el lector del molinete, sin necesidad de portarlo junto a la tarjeta SUBE, como se exigía hasta ahora. Este cambio, aunque bienvenido, llega en un contexto donde el costo del transporte público se ha convertido en un problema estructural para la mayoría de los trabajadores activos, que destinan una porción cada vez mayor de sus ingresos a movilizarse.
El beneficio está dirigido a quienes perciben hasta dos haberes mínimos y medio, un umbral que deja afuera a una parte importante de los adultos mayores que, aunque jubilados, no logran acceder a este alivio. El trámite de alta es sencillo: basta con presentarse en cualquier sede comunal o estación de subte con el DNI y el recibo de haberes. Sin embargo, la simplificación del proceso contrasta con la falta de soluciones integrales para el resto de la población, especialmente para los asalariados que ven cómo el gasto en transporte se traga hasta el 17,3% de un salario mínimo, según informes recientes del Centro de Economía Política Argentina. Este porcentaje representa un salto abismal respecto al 2,6% que significaba en diciembre de 2023, evidenciando el fuerte impacto de los aumentos tarifarios en el poder adquisitivo.
La medida, aunque positiva para el sector beneficiado, no resuelve el problema de fondo: el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires se ha encarecido de manera desproporcionada. Las tarifas del subte, por ejemplo, aumentaron un 1.668% entre diciembre de 2023 y abril de 2026, muy por encima de la inflación acumulada en el mismo período. Este ajuste tarifario, sumado a la caída real de los salarios, ha profundizado la desigualdad y el acceso al servicio, convirtiendo la movilidad en un lujo para muchos. Mientras el Gobierno porteño celebra la agilización de un beneficio para jubilados, persisten las críticas por la falta de políticas que alivien la carga para el resto de los usuarios, especialmente para quienes dependen del transporte público para llegar a sus trabajos.
El plazo para la reglamentación de la nueva ley es de 60 días corridos, un tiempo que las autoridades consideran suficiente para implementar los cambios técnicos necesarios. No obstante, la rapidez en la aplicación de este beneficio contrasta con la lentitud en la búsqueda de soluciones para el aumento desmedido de las tarifas, que sigue sin ser abordado con la misma urgencia. Los trabajadores activos, en particular, son los más afectados, ya que el gasto en transporte ya representa casi cinco días de salario mínimo al mes, una carga insostenible para quienes perciben ingresos fijos y ven cómo su capacidad de compra se reduce mes a mes.
La decisión de eliminar la necesidad de la tarjeta SUBE para los jubilados beneficiarios es un avance en términos de comodidad, pero no alcanza para compensar el deterioro generalizado del servicio. Las estaciones de subte siguen presentando problemas de infraestructura, saturación en horarios pico y falta de mantenimiento, aspectos que no se resuelven con la gratuidad para un sector específico. Además, la brecha entre quienes pueden acceder a este beneficio y quienes no, se ensancha: mientras los jubilados de menores ingresos viajan gratis, el resto de la población debe enfrentar tarifas que, en muchos casos, superan el 10% de sus ingresos mensuales.
El contexto económico actual agrava la situación. La inflación, la devaluación y la caída del poder adquisitivo han convertido el transporte en un rubro crítico dentro del presupuesto familiar. Según datos del IIEP-UBA, el gasto en servicios públicos, incluyendo el transporte, ya representa el 11% del salario promedio registrado en el AMBA, un porcentaje que sigue en ascenso y que no tiene visos de estabilizarse. En este escenario, la gratuidad para un sector de jubilados aparece como un parche temporal, pero no como una solución de fondo para un problema que afecta a la mayoría de la población.
Fuente: relevamiento informativo y información GCBA
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