La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad una ley que establece la obligatoriedad de la sala de 3 años dentro del sistema educativo porteño. La norma amplía el piso de escolarización obligatoria, que hasta ahora comenzaba a los 4 años, e incorpora a los tres últimos años del nivel inicial —salas de 3, 4 y 5— bajo ese mismo régimen. La medida se suma a un proceso más amplio de extensión de la obligatoriedad escolar en la Argentina, que en las últimas décadas ya había incluido a la sala de 5 en 1993, la escuela secundaria en 2006 y la sala de 4 en 2014.
De acuerdo con lo aprobado, la obligatoriedad comenzará a regir a partir del ciclo lectivo 2027. El Estado porteño dispondrá de un plazo de adecuación de dos años para organizar la oferta pública y gratuita necesaria, lo que incluye la construcción y el reacondicionamiento de jardines y centros educativos. Este esquema de transición busca evitar que la exigencia legal se traduzca en una falta de vacantes o infraestructura al momento de su entrada en vigencia.
La ley concibe al nivel inicial como una unidad pedagógica continua que abarca desde los 45 días hasta los 5 años inclusive, aunque la obligatoriedad recae específicamente sobre los tres últimos tramos de ese recorrido. Entre los fundamentos difundidos durante el debate se mencionó el objetivo de reducir desigualdades de origen desde la primera infancia e igualar oportunidades educativas desde una edad más temprana, en línea con estudios que vinculan la escolarización temprana con mejoras en el desarrollo del lenguaje y en los resultados académicos posteriores.
En cuanto a la modalidad de asistencia, la normativa contempla un esquema flexible, con opción de jornada simple o completa, e integra dentro de la propuesta a espacios como los Centros de Primera Infancia (CPI) y los Centros de Desarrollo Infantil, que hasta el momento funcionaban por fuera del circuito formal de escolarización. Esta articulación busca dar cobertura a niños que hoy asisten a dispositivos de cuidado y estimulación temprana que no forman parte del sistema educativo tradicional.
La decisión porteña se enmarca en un movimiento más general que atraviesa distintas jurisdicciones del país. La provincia de Buenos Aires impulsa un proyecto similar para declarar obligatoria la sala de 3, mientras que Mendoza proyecta la universalización de ese nivel recién a partir de 2028. Según datos de Argentinos por la Educación, la Ciudad de Buenos Aires ya exhibe una de las tasas de escolarización más altas del país en sala de 3, cercana al 75%, muy por encima del promedio nacional, lo que en parte explica que la obligatoriedad formal aparezca ahora como un paso de adecuación normativa a una realidad ya extendida.
El propio Gobierno porteño había avanzado meses atrás en la universalización de las salas de 3 años a través de un decreto, por lo que la ley sancionada por la Legislatura consolida y da marco legal a un proceso que ya estaba en marcha en la práctica. A esto se suma la actualización del diseño curricular del nivel inicial para sala de 3, presentado por el Ministerio de Educación porteño para el ciclo 2026, que fija contenidos e indicadores de logro para la enseñanza en ese tramo.
Durante la sesión, los legisladores coincidieron en destacar que la inversión en la franja etaria de 0 a 5 años tiene un impacto positivo documentado a nivel académico, con efectos sobre el desarrollo del lenguaje, los resultados educativos y la inclusión social de los niños. También se subrayó que la incorporación de más de un tramo del nivel inicial al régimen obligatorio implica, en los hechos, un compromiso estatal de garantizar vacantes suficientes, algo que en otras jurisdicciones del país generó discusiones previas sobre el financiamiento necesario para sostener la ampliación.
La aprobación porteña se produce en un contexto nacional donde la obligatoriedad de la sala de 3 continúa siendo dispar según cada provincia: mientras algunas ya avanzaron con normas propias, en otras el debate sigue abierto y condicionado a la disponibilidad de infraestructura escolar. La instrumentación efectiva de la ley en la Ciudad, prevista para 2027, quedará sujeta en los próximos dos años al cumplimiento del cronograma de obras y a la ampliación de la oferta pública anunciada por las autoridades educativas porteñas.
Fuente: relevamiento informativo
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