El transporte público de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa una de sus peores crisis de demanda de los últimos años. Según un relevamiento de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), hasta el 13 de octubre se registraron 8.022.494 pasajeros en los colectivos del AMBA, una cifra que representa una baja de más del 13 por ciento respecto del mismo período del año anterior: alrededor de 1.200.000 personas menos viajaron en lo que va del mes.
La retracción no se distribuye de manera homogénea. El monitoreo de la entidad empresaria indica que los días hábiles registran una caída interanual del 13,2 por ciento, mientras que los sábados el desplome alcanza el 22,4 por ciento y los domingos el 7,4 por ciento. En los feriados la caída llega al 27,4 por ciento. La desigualdad de esos guarismos revela que el viaje recreativo o de visita familiar es el primero que se recorta cuando el bolsillo no alcanza.
Detrás del vaciamiento de las unidades hay una explicación que los datos tarifarios vuelven evidente. El boleto mínimo interjurisdiccional con SUBE registrada cuesta 742,81 pesos, pero supera el 1.000 pesos en los tramos de 6 a 12 kilómetros, y llega a 1.337,06 pesos para recorridos de más de 27 kilómetros. Un trabajador que combina dos colectivos por día puede gastar más de 40.000 pesos mensuales solo en traslados, una suma difícil de encuadrar en salarios golpeados por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
Ese deterioro salarial es la otra pata del problema. Diversos relevamientos sobre el costo de la canasta de servicios señalan que las familias del AMBA necesitan más de 266.000 pesos en octubre para cubrir sus necesidades básicas de energía, agua y transporte. Con tarifas que se actualizan por encima de la evolución de los sueldos, el pasaje dejó de ser un gasto menor y se convirtió en un rubro que muchos hogares terminan sacrificando.
La tendencia, además, no es nueva. El Índice Bondi elaborado por AAETA muestra que entre enero y agosto de 2026 la cantidad de pasajeros transportados ya se había reducido un 11,8 por ciento frente al mismo período de 2025. El dato de octubre confirma que la caída se acelera en lugar de estabilizarse, y que la recuperación económica que el gobierno anuncia no llega al sistema de transporte.
A la ecuación se suman problemas estructurales que ninguna actualización tarifaria resuelve. La baja periodicidad de las frecuencias, sobre todo fuera de las franjas horarias pico, alarga los tiempos de espera y vuelve poco atractivo al servicio. Las flotas envejecidas, con muchas unidades de más de dos décadas de circulación, suman fallas, averías y menores estándares de confort. Menos pasajeros, a su vez, presionan por recortes de kilómetros, lo que alimenta un círculo vicioso de menor oferta y menor demanda.
El caso del subte porteño acompaña el diagnóstico: también allí los pasajeros mermaron de forma pronunciada en el mismo período, lo que sugiere que el fenómeno no es una competencia entre modos, sino una retracción general del uso del transporte público ligada al costo.
El interrogante que queda abierto es qué pasará con los subsidios y con la ecuación financiera de las empresas si la tendencia continúa. Cada punto porcentual que se pierde de demanda se traduce en menos ingresos y más presión por nuevas subas, mientras los usuarios castigados por el deterioro salarial son los llamados a pagar la factura. Sin una política que reconstruya frecuencias, renueve unidades y vuelva a colocar el pasaje dentro del alcance de los sueldos reales, la caída del 13 por ciento parece menos un dato coyuntural que el comienzo de un ajuste más profundo.
fuente: relevamiento informativo y Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA)
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