Pagar la luz, el gas, el agua y el transporte se volvió uno de los principales dolores de cabeza para los hogares porteños. Según el último Reporte de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET, una familia del Área Metropolitana de Buenos Aires que no percibe subsidios necesitó en octubre 266.456 pesos por mes para cubrir la canasta de servicios públicos básicos. El desembolso equivale al 13 por ciento de un salario registrado promedio, una porción del ingreso que crece mes a mes.
La comparación interanual muestra con claridad el problema. El costo de esos mismos servicios aumentó un 56 por ciento entre octubre de 2025 y octubre de 2026, mientras la inflación estimada para el mismo período rondó el 33 por ciento. La brecha de 23 puntos porcentuales significa que las tarifas corren a una velocidad considerablemente mayor que el resto de los precios de la economía, mientras los salarios no terminan de recuperar el terreno perdido tras los años de alta inflación.
Al ampliar el foco temporal, el fenómeno es aún más notorio. Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos del AMBA acumuló un encarecimiento del 860 por ciento, más que triplicando el avance del nivel general de precios, que en el mismo lapso escaló un 261 por ciento. La diferencia, cercana a los 600 puntos porcentuales, refleja una política deliberada de recomposición tarifaria que transfirió a las facturas de los hogares una parte decisiva del costo de sostener los servicios.
El detalle por servicio ayuda a entender de dónde viene el golpe. El transporte público fue el principal impulsor de la suba y explicó por sí solo alrededor de 31 puntos porcentuales del aumento interanual, en parte por la fórmula de actualización de los colectivos de la Ciudad, que ajusta por inflación más dos puntos adicionales. La electricidad aportó unos 10 puntos, mientras que el gas y el agua sumaron 8 puntos cada uno. En valores promedio, la factura de agua sin subsidios rondó los 44.948 pesos mensuales y la de gas natural los 42.336 pesos.
El deterioro salarial queda expuesto en una comparación sencilla: hace un año, con un sueldo promedio alcanzaba para pagar 9,3 canastas de servicios públicos; hoy la relación cayó a 7,7. Cada mes que pasa, el ingreso familiar compra menos servicios. Para los sectores de ingresos medios y bajos de la Ciudad, la ecuación se vuelve cada vez más difícil de cerrar.
Un dato adicional compleja el diagnóstico. Pese al fuerte ajuste tarifario, los hogares del AMBA pagan facturas que en promedio cubren apenas el 57 por ciento del costo real de los servicios; el 43 por ciento restante sigue siendo absorbido por el Estado mediante subsidios y transferencias a las empresas. La recomposición, en definitiva, no terminó, y el propio informe anticipa nuevos aumentos.
La discusión de fondo es quién sostiene esa factura. El esquema vigente segmenta los subsidios según el nivel de ingresos del hogar, pero los umbrales definidos no siempre reflejan la capacidad de pago real de las familias, golpeadas por un salario que pierde carrera frente a los costos fijos. El costo de vivir en la Ciudad se vuelve así una barrera para quienes no logran acompasar sus ingresos con las tarifas.
El escenario no muestra señales de alivio. La puesta en marcha del nuevo esquema de subsidios y la revisión periódica de los cuadros tarifarios sugieren que las boletas seguirán subiendo por encima de los sueldos si no media una recomposición salarial sostenida. Para miles de hogares porteños, la pregunta cotidiana ya no pasa por cuánto costarán los servicios el mes próximo, sino por cuánto quedarán de bolsillo después de pagarlos.
Fuente: relevamiento informativo y Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP)
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