El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa una de sus peores crisis en años. Según datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), en solo un año los viajes en colectivo se desplomaron un 19,1%, con una pérdida de casi 28 millones de viajes durante julio de 2026. Este retroceso no es casual: el costo del pasaje aumentó aproximadamente un 73% en el mismo período, que así supera ampliamente el índice de inflación general, que ronda el 33% interanual. Los números reflejan una realidad incómoda: el transporte se volvió inaccesible para amplios sectores de la población, y las alternativas no terminan de compensar la brecha.
El impacto económico en los hogares es contundente. Un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) revela que una familia promedio destina alrededor de $121.000 mensuales solo a transporte, una cifra que equivaldría al salario mínimo de muchos trabajadores informales o al salario neto de un empleado en relación de dependencia con ingresos bajos. Este gasto desproporcionado obliga a las familias a priorizar el transporte por encima de otras necesidades básicas, y profundiza las desigualdades en una región donde el acceso a la movilidad es clave para el trabajo, la educación y la salud.
Ante este escenario, los usuarios no se quedaron de brazos cruzados. Muchos optaron por cambiar sus hábitos: el uso de bicicletas se incrementó en barrios donde la infraestructura lo permite, mientras que otros eligen caminar distancias más largas o combinar medios de transporte para reducir costos. Sin embargo, estas soluciones son paliativos que no resuelven el problema de fondo. En zonas periféricas, donde las distancias son mayores y las ciclovías escasean, la caída en el uso del colectivo no se compensa con alternativas viables, y dejan a miles de personas en una situación de vulnerabilidad.
Pero el problema no es solo tarifario. Los usuarios denuncian un servicio que, además de caro, es deficiente. Las quejas se repiten: baja frecuencia de las unidades, demoras interminables en las paradas y un deterioro generalizado en las condiciones del servicio. En líneas como la 306, 518 o 276, los pasajeros reportan demoras que afectan directamente su rutina laboral, y los obligan a llegar tarde a sus trabajos o, en el peor de los casos, a perder el turno.
La crisis no se limita a los colectivos. El Tren Roca, uno de los servicios más utilizados en el conurbano, arrastra fallas técnicas recurrentes que generan demoras diarias. A esto se suma la reducción del 15% en la frecuencia de los servicios, una medida adoptada por las empresas como forma de presión para reclamar mayores subsidios. El resultado es un círculo vicioso: menos servicios, más demoras y, por ende, menos pasajeros. Las autoridades, por su parte, no han logrado dar respuestas concretas, y dejan a los usuarios en un limbo de incertidumbre y malestar.
La falta de coordinación entre las distintas jurisdicciones agrava el problema. Mientras algunos distritos avanzan en mejoras como carriles exclusivos o tarifas diferenciales, en otros las obras quedan frenadas por limitaciones administrativas. Esta fragmentación genera un sistema desigual, donde el acceso a un transporte eficiente depende del lugar de residencia. Los usuarios, entonces, se ven obligados a planificar rutas que esquivan la incomodidad antes que optimizar el tiempo, una situación que refleja la falta de una política integral de movilidad.
La brecha tarifaria entre los distintos medios de transporte también es un punto de conflicto. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el boleto mínimo es más económico que el pasaje de subte. Esta disparidad no solo desincentiva el uso del transporte público, sino que genera una distorsión en el sistema, donde los usuarios optan por el modo más económico, aunque no siempre sea el más eficiente. Según datos de la Fundación Metropolitana, en octubre de 2025 el uso del transporte público en general cayó un 20% respecto a niveles prepandemia, con los trenes con una caída del 30% y el subte, el gran perdedor, con un desplome del 60%.
El panorama es desolador: un sistema de transporte público que, en lugar de ser la columna vertebral de la ciudad, se ha convertido en un obstáculo para la movilidad. Los problemas estructurales, como la falta de inversión en infraestructura y la ausencia de una tarifa única e integrada, siguen sin resolverse. Mientras tanto, los usuarios pagan el precio, tanto en términos económicos como en calidad de vida.
fuente: relevamiento informativo y entidades sectoriales
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