En la noche del lunes 2 de noviembre, en los bosques de Palermo cercanos a las avenidas de los Ombúes y Andrés Bello, un grupo de jóvenes que participaba de una bicicleteada nocturna persiguió, golpeó e insultó a mujeres travestis y trans que ejercen trabajo sexual en la vía pública. Los atacantes usaron palos, piedras, botellas y conos, elementos que, según las víctimas, llevaban preparados de antemano. La agresión no fue espontánea: fue filmada por los propios agresores y difundida en redes, en lo que los organismos de derechos humanos describen como una cacería transfóbica.
El episodio dejó al menos seis mujeres lesionadas, una con lesiones de gravedad en un oído. Reabrió así el debate sobre la violencia sistemática que atraviesa a la comunidad trans en Argentina, una minoría históricamente expulsada de la educación, el empleo registrado y la salud. Que haya ocurrido en pleno Buenos Aires, en uno de los barrios más transitados y custodiados de la ciudad, desnuda la distancia entre los discursos oficiales de inclusión y la realidad concreta de quienes siguen siendo blanco de odio.
La causa quedó a cargo de la fiscal Andrea Scanga, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13, especializada en discriminación. La investigación se inició de oficio a partir de la viralización de los videos. Scanga pidió al Centro de Monitoreo Urbano la totalidad de los registros de las cámaras públicas de la zona y ordenó medidas para identificar a los responsables, que serían un grupo de jóvenes en bicicletas.
La fiscalía también intenta recuperar publicaciones eliminadas tras la difusión del hecho y convocó a testigos y víctimas a declarar. En paralelo, la Unidad de Flagrancia Norte lleva otro expediente por las lesiones que habría sufrido un adolescente durante el intento de defensa de las agredidas.
El punto más álgido de la denuncia es la demora policial. Las víctimas señalan que se trató de una zona liberada: pese a los múltiples llamados, la policía tardó entre veinte minutos y media hora en llegar, y al llegar ya no había nadie, lo que impidió detenciones en flagrancia. La pregunta es inevitable: qué habría pasado si el ataque hubiese ocurrido donde no hay cámaras ni vecinos con voz pública.
Desde el gobierno de la Ciudad aseguran que los ministerios de Justicia y Seguridad trabajan para dar con los responsables. El propio Ministerio Público Fiscal debió apelar a un llamado público a testigos, evidencia de la ausencia de una estrategia para detener a sus autores inmediatamente luego del hecho.
El repudio fue masivo en redes sociales, con adhesiones de organizaciones LGBT, colectivos de diversidad y referentes políticos. El hecho ocurrió días antes de la Marcha del Orgullo y puso en primer plano reclamos históricos: el cupo laboral travesti trans, el acceso a la salud y el fin de la violencia social e institucional. También generó repudio dentro del ciclismo urbano, que rechazó el uso de una bicicleteada como vehículo de agresión.
Más allá del avance de la causa, el hecho deja muchas preguntas abiertas. La respuesta judicial es necesaria pero insuficiente si no llega acompañada de políticas que no dejen abandonada a la comunidad de trabajadoras sexuales trans y la reconozcan como lo que es: una minoría atacada.
Fuente: relevamiento informativo
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